America Latina | Una ayuda para la recuperación del sector
El gobierno de Uruguay exonera de aportes patronales a empresas vinculadas al turismo
Apoyando la actividad turística, el gobierno de Uruguay aplica esta medida durante el 2022 que alcanzará a unas 400 empresas.
08.04.2022 12:16 |
La misma fue anunciada por los ministros de Turismo, Tabaré Viera y de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el jueves 7 de abril en Torre Ejecutiva, al finalizar el acuerdo ministerial con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Para el ministro Tabaré Viera, esta medida era un planteo de las cámaras vinculadas con el sector turístico, y generará un buen impacto para las empresas, en el entendido de que es un aporte sustantivo a su actividad, que ha afrontado dificultades graves.
Al respecto, el ministro dijo que se acordó exonerar los adelantos del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) y al patrimonio, para que se tributen una vez cerrado el ejercicio 2022.
Por su parte, el ministro Mieres informó que se resolvió que agencias de viajes y empresas de transporte turístico sean exoneradas de aportes patronales durante 2022.
Sobre ese tema, Mieres aseguró que en breve se redactará el correspondiente proyecto de ley. La medida abarcará aproximadamente a 400 empresas y representará una renuncia de recaudación del Banco de Previsión Social.
Para el ministro Tabaré Viera, esta medida era un planteo de las cámaras vinculadas con el sector turístico, y generará un buen impacto para las empresas, en el entendido de que es un aporte sustantivo a su actividad, que ha afrontado dificultades graves.
Al respecto, el ministro dijo que se acordó exonerar los adelantos del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) y al patrimonio, para que se tributen una vez cerrado el ejercicio 2022.
Por su parte, el ministro Mieres informó que se resolvió que agencias de viajes y empresas de transporte turístico sean exoneradas de aportes patronales durante 2022.
Sobre ese tema, Mieres aseguró que en breve se redactará el correspondiente proyecto de ley. La medida abarcará aproximadamente a 400 empresas y representará una renuncia de recaudación del Banco de Previsión Social.